SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 4

¿Es justo debatir sobre el modelo de contratación colectiva o no?

La desnaturalización de la contratación colectiva y la firma de cláusulas contractuales leoninas provocaron que la Asamblea Constituyente de Montecristi expidiera el Mandato Constituyente No. 8 para frenar estos abusos, declarando en su Disposición Transitoria Tercera que: “Las cláusulas de los contratos colectivos (…) que contengan privilegios y beneficios desmedidos y exagerados que atenten contra el interés general, son nulas de pleno derecho”. Asimismo dispuso que los contratos colectivos firmados por las instituciones del sector público, empresas, organismos seccionales e instituciones de derecho privado, en las que el Estado tiene participaciones accionarias mayoritarias, sean revisados.

Vale recordar las prebendas que hacían hereditarios los puestos de los trabajadores, las vacaciones pagadas por la institución para el trabajador y la familia, los días libres y bonos por cumpleaños, bonos por comisariato para los trabajadores y jubilados patronalmente, que se aumentaban semestralmente el 20%. Por ejemplo, en la Corporación de la Aduana del Ecuador, este solo bono llega a constituir en la actualidad 5000 dólares y sigue subiendo, el algunos casos. Todo esto ha ocurrido solamente en el sector público. Incluso se llegaron a  beneficiar personas que no eran obreros, así como abogados inescrupulosos que se enriquecieron con la negociación de este tipo de cláusulas y dirigentes sindicales que se perennizaron y lucraron de los dineros de todos nosotros.

Como consecuencia de la contratación colectiva, funcionarios de empresas públicas y entidades autónomas que no debieron ser calificados como obreros ni incluidos en el contrato colectivo llegan a percibir por concepto de jubilación patronal hasta 5000 dólares, mientras que un obrero del sector privado percibe, por el mismo concepto, 30 dólares. Se han firmado cláusulas concediendo bonos por la separación voluntaria del trabajador que han ocasionado que en una misma institución, un servidor público (abogado, médico, ingeniero) luego de treinta años de servicio perciba menos que un trabajador luego de quince. La diferencia es más notoria cuando en las empresas públicas, un ingeniero mecánico, abogado, contador, tras haber sido considerado como obrero, percibe más al momento de su separación que otro profesional que ha trabajado para el Estado Central o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, por el mismo tiempo.

En las empresas públicas se han firmado actas transaccionales de finiquito con servidores que no debían ser considerados trabajadores, pues su labor era netamente profesional o administrativa y posteriormente han demandado exorbitantes reliquidaciones.

Expongo esto, entre otras cosas, porque no considero justo que un profesor de secundaria luego de haber trabajado treinta años o más, haya recibido por bono de jubilación 12000 dólares y un trabajador que se separa de la institución luego de siete años de trabajo, reciba mucho más. 

Para la existencia de estos abusos, los máximos órganos de justicia han colaborado exitosamente, pues jamás en sus fallos se han atrevido a observar lo abusivas y desproporcionadas que eran estas cláusulas. Las aplicaron e hicieron cumplir sin verificar su razonabilidad e incluso inconstitucionalidad. Para ellos, valían más que la ley, pues a la ley si la han inaplicado o han pedido declare su inconstitucionalidad.

Es necesario reformar este modelo inequitativo que lo único que hace es profundizar la desigual redistribución de la riqueza y ahondar la brecha entre pobres y clase media alta. Esta situación debe ser debatida seriamente. Así, considero que los propios trabajadores que conocen de las falencias del sistema, con una mirada autocrítica y propositiva señalen y reconozcan los errores que han provocado que este tipo de situaciones ocurran.

Al propio tiempo, es importante se realice una auditoría en la grandes empresas estatales o instituciones que gozan de autónoma (CNT, PETROECUADOR, EMASEO, etcétera.) para revisar y verificar en qué porcentaje se han beneficiado realmente los trabajadores. Para ello, desde la Asamblea Nacional deberían requerirse las actas de finiquito firmadas por estas Empresas así como los montos que por concepto de reliquidación han cancelado por órdenes judiciales; los honorarios profesionales a abogados que se ha pagado por concepto de defensa y negociación de contratos colectivos; los rubros que por concepto de jubilaciones patronales continúan percibiendo los ex empleados de cada institución; entre otras cuestiones.