Rómulo Salazar Ochoa.
Otra vez las comunidades de la parte alta del Río
Guayabal ven amenazado su presente y futuro. Los
empresarios del azúcar, el grupo más poderoso de la economía de Loja, MALCA y
FLORCAÑA, intentan cerrar el camino que une esas colectividades campesinas con
la ciudad de Catamayo. Esa es la consecuencia inmediata del tipo de jueces que
tenemos, salvo excepciones, en Loja y en la Corte Nacional de Justicia,
quienes, con sus decisiones inconstitucionales, a pesar de la reestructuración
de la Función Judicial, siguen inclinándose ante los privilegios, angustiando a
los pueblos y obstaculizando el progreso de las colectividades.
Esas colectividades siendo parte de las parroquias El
Cisne, Chuquiribamba y Gualel se comunican con sus cabeceras parroquiales
recorriendo caminos de herradura durante tres y cuatro horas a mula o a pie y
con sus cargas. En cambio el camino carrozable que tienen hacia el Valle de
Catamayo, 10 o 12 kilómetros de recorrido, les permite llegar en automotores a
esa ciudad que es su puerto natural de descara y venta de su producción en el
volumen creciente que va teniendo su producción agrícola y ganadera.
Cerrar ese camino carrozable es encerrar a tales
comunidades en un “gueto” como hacían los nazis en Europa con los hombres,
mujeres, niños y ancianos judíos a quienes acusaban, sin fundamento alguno, de
ser sus enemigos. Sin ese camino los campesinos tendrían que migrar a las
ciudades abandonando sus fincas que sólo podrían vender a “precio de gallina
apestada” a los mismos empresarios que estarían interesados en ampliar sus
plantaciones de caña de azúcar y ganado.
No importa mucho a quien corresponde la propiedad del
camino. Tampoco importa que éste hubiera correspondido alguna vez, en propiedad,
a alguien.La Ley de Caminos dice en su Art. 1 que aun los caminos privados que
han sido utilizados por quince años por los moradores de la misma zona son
caminos públicos, por manera que no hace falta que entidad alguna le reconozca
tal condición, como tampoco ha necesitado tal declaratoria el 98 por ciento de
los caminos y vías de comunicación y circulación del país en su conjunto.
Ya a mediados del año 2010 tales empresarios
impusieron portones de hierro para impedir el libre tránsito de los moradores
de tales colectividades, como son Chaquircuña, Tesalia Bajo, y otros de la
estribación de la Cordillera. Los empresarios alegan que el camino público es
público en una parte de su predio
conocido como La Viña y que es privado en la otra parte. Es una afirmación muy
extraña, carece de sentido lógico y de credibilidad, que carece de antecedente
jurídico en todos los órdenes. Los campesinos saben que ya en 1978, cuando el
IERAC intervino las haciendas Chaquircuña y Naranjillo que son contiguas, los
técnicos de esa entidad se refirieron al camino de herradura existente entre
Chaquircuña y el sitio Semate, en donde empalmaba con el camino carrozable que
ya entonces había desde este sitio hacia Los Mangos en la carretera
Panamericana, a dos kilómetros de la ciudad de Catamayo, recomendando a sus
superiores la ampliación de ese camino como una garantía de desarrollo de los
nuevos finqueros que surgían en esos sitios con la reforma agraria; camino que,
en consecuencia, hemos de reconocer, desde entonces y aun antes de ese año era
transitado por los campesinos de la zona.
La propiedad del camino es un hecho que no interesa en
un conflicto como este. En nuestra Constitución ya no es la propiedad y menos
aún la propiedad privada el derecho preeminente ni privilegiado. Hoy prevalecen
los derechos de las personas y de las comunidades. La propiedad ya no es, como
antes, un derecho fundamental. Hoy son diversos los derechos fundamentales. El
derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de las
personas y a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, el derecho al
desarrollo de las colectividades. Estos son los derechos que, conforme a la
Constitución prevalecen frente al derecho de propiedad. Así se desprende del
Art. 1° de la Constitución de la República cuando dice que el Estado
ecuatoriano es un Estado de derechos en donde prevalece la justicia. Lo justo
es que los campesinos, los excluidos de siempre, tengan un camino para
transitar consigo mismos, con sus familias, con sus niños, sus ancianos, sus
mujeres embarazadas o parturientas, con sus enfermos, con su producción de la
que depende su vida y la de las colectividades que les compran. Derecho a
transitar con seguridad y confianza, en forma ágil, inmediata, en condiciones
de autoestima, a pie, en sus acémilas, en vehículos propios o fletados.
Los campesinos no pueden ser lanzados, como pretenden
los empresarios, a cruzar el Río Guayabal, en verano ni en invierno con riesgo
grave para sus vidas y sus bienes; el puente que tendría que construirse sobre
el río Guayabal para que transiten con seguridad los campesinos requiere de un
millón de dólares que no los puede ni debe invertir el Estado ni el Consejo
Provincial sólo para que los empresarios puedan cerrarlo en función de sus
intereses, olvidando el uso colectivo que ha tenido y tiene el mencionado
camino.
Hay que considerar, además, que el Departamento
Técnico del Consejo Provincial de Loja tiene incorporado ese camino al Plan
Vial Provincial, precisamente por sus virtudes de comunicación con importantes
sectores de la pequeña y mediana producción protegidos hoy por la Constitución
en sus Art. 281 y 282 en el Capítulo de la Seguridad Alimentaria. El mismo
Prefecto Provincial de Loja se pronunció ante campesinos y empresarios, en
Chaquircuña, enel sentido de que el camino corresponde a las comunidades
campesinas, conforme consta de las grabaciones hechas al respecto; luego,
lamentablemente, la tal autoridad se “chorreó”.
La defensa de los derechos de los pueblos se hace más
dura cuando no hay autoridades ni organizaciones sociales ni políticas que los apoyen;
se torna más dramática, pero no imposible; sus victorias son más grandes y
trascendentes. Así ha sido el pasado, así se ha hecho la historia. El camino de
los pueblos siempre ha sido duro. No tiene por qué ser diferente “el Camino de
Chaquircuña”. Hoy mismo es ya un capítulo de la historia actual de Loja.
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