¡¿ELIMINAMOS LA PEQUEÑA Y MEDIANA PRODUCCIÓN?!

Rómulo Salazar Ochoa.

La Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, entidad encargada de supervisar y asegurar la calidad de los productos alimentarios, incluidos los de fabricación artesanal, está exigiendo que este tipo de producción también obtenga el registro sanitarioen aquellos alimentos cuyo consumo no es inmediato en el mercado,y que por lo mismo debe garantizarse su conservación y transporte, advertidos de que sin tal registroquedarían excluidos de la actividad productiva.

El registro sanitario implica autorización y control del uso de conservantes en la fabricación de alimentos; al parecer ello eleva el nivel técnico y tecnológico de la producción. En tales condiciones, ¿el registro sanitario garantiza la salud del consumidor?. A pesar del silencio de los salubristas públicos y privados la ciudadanía sospecha de que el uso autorizado de conservantes en la industria de alimentos está directamente relacionado con el creciente número de pacientes y víctimas del cáncer. No en vano se habla hoy de utilizar en la producción agrícola abono orgánico en lugar del inorgánico.

Es obvio, entonces, que la calificación de la calidad requiere otros criterios diferentes a los que aplica el registro sanitario.Las políticas de desarrollo deben proponerun tratamiento sanitariodiferente en la fabricación de productos alimentarios, en especial  para potenciar la producción artesanalen lugar de asimilarla a las exigencias de dudosa eficacia que se aplicaa la industria, en la que los productos deben durar mucho más tiempo en el mercado.

Hay cuestiones que no están claras. Los artesanos de la agroalimentación saben, al igual que ARCSA y del Ministerio de la Producción, MIPRO, que la obtención de dicho registro requiere de un análisis técnico de muestras del producto, y que, extrañamente, el costo de ese análisis oscila entre 1.600 y 2.000 dólares, que, sin ser una excesiva cantidad en el financiamiento de un negocio, es significativa, incluso prohibitiva para la generalidad de nuestros productores artesanales, tanto más  si ese es el precio que debe pagarse por el análisis en cada producto. Incluso se estaría exigiendo que cada fábrica artesanal, al igual que los establecimientos industriales de alta capacidad económica y tecnológica, contrate un profesional bioquímico “de planta” con salarios de 500 dólares mensuales. Egreso que, por obvias razones, no corresponde al nivel artesanal.

Un panificador que, obviamente, hace a la vez bollos, pan de sal, pasteles, mazapanes, cachitos y más variedades de pan, debe pagar ese valor unitario multiplicado por el número de sus productos; si son 10 ó 15 las variedades de su producción deberá pagar alrededor de 25.000 dólares que, si bien no es un pago periódico, reducirá la presencia de la fabricación artesanal en los mercados del país; resultaría difícil incluso una inversión progresiva, es decir, cada tres o cuatro meses nuevos 6.000 u 8.000 dólares para incorporar tres o cuatro nuevos productos a su fabricación. Ese es el caso de otras ramas artesanales de la producción alimentaria como lácteos, cárnicos, dulce, etc. Muchos artesanos abandonarán tal actividad, quebrarán; los trabajadores de esos negocios “quebrados” irán a la desocupación. Es una forma de eliminar lo poco que hay de “aparato productivo”. La producción y el mercado irán quedando en manos de dos o tres entidades industriales locales o de otros lugares, incluso del exterior, que sí pueden asumir las exigencias “tecnológicas” que hacen tales entidades públicas. Nos quedamos en “el viejo país”.

El alto costo de esos análisis de laboratorio se origina, en parte, en el precio de los insumos que se importan. Debería promoverse entonces su importación a través del Estado como una de las formas de democratizar el acceso de los artesanos a la producción. Tampoco puede permitirse que los análisis de laboratorio continúen como monopolio de apenas dos grandes negocios privados, uno en Quito y otro en Guayaquil; no más prácticas de “la larga noche neoliberal”. Un programa de inversión financiera y capacitación profesionalde laboratoristas pondría al servicio de los artesanos una red de laboratorios de confiabilidad técnica.

Ni ARCSA ni el MIPRO reconocen la necesidad de comprometer el sistema financiero “popular y solidario” del país en la tarea de “democratizar el crédito” destinado a la producción artesanal y de pequeña industria. El artesanado no requiere obsequios sino apoyo, especialmente en el financiamiento con plazos e intereses accesibles a su condición y capacitación para competir. No obstante, estas entidades del Estado no parecen reconocer estas tareas.

El desarrollo no es un desafío individual de los ciudadanos; es un compromiso asumido por el Estado, y por lo mismo sus entidades deben implementar políticas “inclusivas”, diferentes al utilitarismo capitalista y neoliberal. Al parecer esas entidades desconocen los mandatos que la Constitución de Montecristi tiene en su acápite de la Soberanía Alimentaria, Art. 281, referido a impulsar y potenciar la pequeña y mediana producción.¿Cómo llegan al cargo estos jefes y funcionarios?.Ellos mismosson “elviejo país”. Son la derecha tradicional. La óptica del pasado.

Los artesanos no deben esperar que el “espíritu santo” resuelva sus problemas. Deben luchar, requerir del Presidente Correa las estrategias necesarias, comenzando por depurarsu gobierno del evidente sabotaje que soporta su política de cambios dirigida a los sectores populares. Caso contrario no tiene objeto reformar la Constitución para ir a la reelección.